Alfred Marshall, una de las grandes mentes de la historia económica, alguna vez afirmó que “la Economía es una rama de la Biología, interpretada en un sentido amplio”. Otros como Virchow sugirieron que “la Medicina es una ciencia social y la Política (entendida como Economía) no es más que una Medicina a lo grande”.

Actualmente, la crisis del coronavirus no solo ha afectado a la salud de los individuos, sino también al “cuerpo social” (concepto que Fernando Esteve Mora trata aquí). Los efectos económicos de la pandemia del COVID-19, como el desplome de la producción y todos sus indicadores, han propiciado su actual situación de “cuerpo social enfermo”. Ante tal caso, se requieren médicos de urgencia para tratarlo y los economistas están llamados a asumir esta responsabilidad. Se espera de nosotros un seguimiento meticuloso del desarrollo y evolución del “paciente”. Primero, identificando los síntomas. Después, evaluando cada una de las partes afectadas. Por último, elaborando un diagnóstico que nos permita proponer “recetas” en materia de políticas públicas. 

España es un paciente con síntomas graves. Nunca los ha tenido peores. Pero, entre todos ellos, la caída en la producción de las pymes es destacable. En concreto, la de los autónomos. Está en juego el tejido empresarial básico del país.

Por ello, en esta entrada analizaremos a los autónomos utilizando la metodología clínica. Vamos a reconocer los síntomas asociados al shock económico de la expansión del coronavirus en los autónomos, tomaremos una radiografía del tejido empresarial para conocer sus características y, finalmente, elaboraremos un juicio clínico.

Síntomas de las pymes y autónomos tras el shock

Estamos ante una externalidad negativa que ha generado un impacto simultáneo en la oferta y en la demanda. La gente está confinada en sus casas. Los hogares no pueden consumir más que bienes de primera necesidad y las empresas que, o bien no puedan continuar su actividad por decreto ley, o bien que no puedan desarrollar su actividad de forma telemática, están obligadas a cerrar temporalmente sus negocios.

Por tanto, los principales síntomas son dos: la mayoría de las empresas ni venden ni obtienen ingresos. Las pymes están paralizadas.

Radiografía del tejido empresarial español

Para poder recetar medidas, es necesario hacer varias radiografías de las características más importantes de las empresas españolas e identificar el papel de los autónomos en la actividad empresarial.

Empresas por tamaño y condición jurídica

Según los últimos datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), en España hubo un total de 3.363.197 empresas, de las cuales un 99,9 % fueron pymes de hasta 249 asalariados. El 0,1 % restante fueron grandes empresas.

Dentro de este porcentaje, las pymes sin asalariados representaron el 56 % y las microempresas el 39,6%. Los autónomos se encuentran repartidos entre ambos porcentajes. Para saber con exactitud su composición, debemos fijarnos en la distribución de la condición jurídica según el tamaño de las empresas.

Vemos que la persona física, o autónomo, fue la condición jurídica predominante en las pymes españolas (55 %). El 42,3 % de las microempresas (entre 1 y 9 empleados) estuvieron constituidas por personas físicas y la mayoría de las pymes sin asalariados fueron autónomos (67,9 %).

Como resultado, de 1.882.745 pymes sin asalariados que hubo en España, 1.278.384 fueron autónomos. Y de las 1.330.812 microempresas que conformaron el tejido empresarial de este país, 562.934 fueron propiedad de personas físicas que tienen a su cargo entre 1 y 9 asalariados.

En suma, acorde a los últimos datos oficiales, podemos afirmar con rotundidad que el autónomo es la piedra angular del sector empresarial español.

Distribución sectorial del tejido empresarial

El 81,5 % de las empresas españolas se dedican a los servicios. Si sabemos que el 99,9 % de las empresas son pymes, entonces la distribución sectorial de las pymes representa prácticamente la del total de empresas españolas. Así que, la gran mayoría se dedican a los servicios.

La actividad principal del 81,8 % de las microempresas y del 82,4 % de las pymes sin asalariados es del sector servicios. Si tenemos en cuenta que ser autónomo es la condición jurídica predominante de las pymes en España y que la mayoría no tiene asalariados, es adecuado decir que la ocupación principal de los autónomos es el sector terciario. Es decir, la actividad del motor principal del tejido empresarial de España.

Impuestos de los autónomos

Una vez que sabemos el tipo de empresa predominante en nuestro país, conocer las retenciones fiscales de los autónomos facilitará las complicaciones que puede tener el tejido empresarial para superar los síntomas identificados previamente.

Principalmente, las obligaciones tributarias a las que deben enfrentarse los autónomos son tres:

1) La cuota de autónomo

Es el importe que tienen que pagar mensualmente los autónomos por estar adscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Desde el 1 de enero de 2020, el tipo general es del 30,3 %. La base mínima de cotización es de 944,35 € para los autónomos que trabajan por cuenta propia y de 1.214,08 € para los autónomos societarios. De esta manera, la cuota mínima que recauda el Estado por autónomo es de 286,15 € y 367,8 €, respectivamente. Aparte, el RETA dispone de bonificaciones como la tarifa plana de 60 € durante los primeros 12 meses para nuevos autónomos u otras aplicables a diversos colectivos.

2) Impuesto del Valor Añadido (IVA)

Los autónomos deben pagar la diferencia del IVA repercutido y el soportado. En otras palabras, la diferencia entre el IVA que han cargado a sus clientes mediante facturas de venta y el IVA que han pagado ellos mismos cuando han adquirido algún bien o servicio para el desempeño de su actividad principal. Es una cuota trimestral, empezando del 1 al 20 de abril para el primer trimestre hasta terminar en el mes de enero para el cuarto trimestre. El tipo general es del 21 %, pero hay dos tipos especiales más. Por un lado, el tipo reducido del 10 % sobre productos o sectores especiales (transporte, productos de farmacia, agua…) y, por otro, el tipo superreducido del 4 % para bienes y servicios de primera necesidad.

3) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Al igual que el IVA, el IRPF también es trimestral. En cada período, primero deben presentar los ingresos y gastos deducibles. Una vez presentados, se les aplica un tipo diferente, según el caso. El 15% para los autónomos que ya lleven más de dos años dados de alta y el 7% para los nuevos autónomos. Asimismo, tienen la obligación de pagar un porcentaje de los beneficios que obtengan, según el régimen escogido. Si es por estimación directa, se aplica un 20 %. Si es por estimación objetiva, el tanto por ciento dependerá de la actividad profesional que se desempeñe.

En resumen, si por ejemplo escogemos a un autónomo que trabaje por cuenta propia en el sector de servicios profesionales, que lleve más de dos años inscrito en el RETA, que cotice sobre la base mínima y que le salga el IVA a pagar, este mes de abril deberá abonar 286,15 € de la cuota mensual de autónomo más un 21 % de IVA y un 15 % de IRPF por el inicio del trimestre de 2020. Y esto sin considerar si obtiene o no beneficios u otras condiciones especiales. Así, se puede apreciar con claridad que la situación fiscal del autónomo no es fácil.

Diagnóstico

Teniendo en cuenta los síntomas y la evaluación que hemos realizado, el diagnóstico es de gravedad. A pesar de que las pymes y autónomos están paralizados, siguen asumiendo costes fijos que son inabarcables para la situación en la que se encuentran.

Según el último informe Infoempleo de Adecco, casi la mitad de los autónomos trabajan desde casa. Esto puede aliviar el impacto, ya que un gran porcentaje de trabajadores por cuenta propia podría continuar operando. No obstante, hay parte del sector autónomo que no puede facturar, porque su actividad no está incluida entre las que están permitidas en el estado de alarma y tampoco pueden teletrabajar. Aquellos que no puedan vender tendrán que seguir haciendo frente a los pagos sin obtener ingresos. Si los impagos aumentan, la solvencia de las familias de los autónomos se verá comprometida. Estas familias consumirán e invertirán menos y, así, puede empezar un círculo vicioso entre oferta y demanda que se retroalimente ante expectativas pesimistas en una espiral de profecías autocumplidas. Lidia Brun lo explica muy claro aquí. Este es el gran problema: el contagio económico entre todos los agentes del flujo circular de la renta.

En definitiva, el tejido empresarial español – representado mayoritariamente por los autónomos – tiene riesgo de sufrir una fisura sin precedentes. Hablamos de insolvencia, desempleo y quiebra de multitud de los negocios que sostienen la actividad empresarial y económica del país. Y lo que es peor aún. La fisura puede afectar al resto de agentes económicos. Si no se tomaran las medidas oportunas, nuestro paciente podría tener una etapa de depresión muy dura, afectando no solo a la economía, sino a la sociedad en general.

Receta

El objetivo es cortocircuitar el contagio económico de la crisis; frenar la hemorragia. Por ello, las políticas que hay que tomar para que el tejido empresarial básico español no se resquebraje deben ser conducidas de tres formas:

  • Asegurar liquidez a los autónomos que sigan operando. Esto es, tener capital suficiente para al menos cumplir los compromisos de pago con los empleados, proveedores, acreedores y otro tipo de costes fijos, como las obligaciones tributarias.
  • Reducir o aplazar los costes fijos. Por una parte, mediante moratorias de pago pactadas con los proveedores y avaladas por el Estado. Por otra, a través de aplazamiento o reducción de los impuestos.
  • Proteger a los autónomos que no facturen y a los trabajadores desempleados. Garantizarles transferencias suficientes para minimizar el impacto económico de estos meses y no tener que enfrentarse a situaciones de insolvencia o de impago.

¿Está el Gobierno siguiendo esta receta?

Las políticas del Gobierno van bien encaminadas. El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes frente al impacto económico y social del COVID-19, son un ejemplo de ello. Algunas de las más importantes se muestran a continuación.

Con respecto a la primera receta, el Estado español ha permitido ampliar la capacidad de endeudamiento neto del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 10.000 millones de euros con el fin de facilitar liquidez inmediata adicional especialmente a las pymes y autónomos.

En cuanto a la segunda receta, se han aprobado avales respaldados por el Estado para empresas y autónomos de hasta 100.000 millones de euros. Además, con el objetivo de aligerar los costes, se ha acordado la exoneración a las empresas de menos de 50 trabajadores del pago del 100 % de la aportación empresarial a la Seguridad Social, siempre y cuando se comprometan a mantener el empleo.

Finalmente, se ha creado una prestación extraordinaria por cese de actividad. Para los autónomos que tengan asalariados y hayan tenido que cerrar o sus ventas se hayan reducido un 75% debido al estado de alarma, pueden presentar un ERTE para sus trabajadores y solicitar esta prestación. Mientras cobren esta prestación no tienen que pagar la cuota a la Seguridad Social. Al mismo tiempo, se ha establecido una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de los colectivos particularmente vulnerables y de los autónomos, cubriendo los inmuebles utilizados para la realización de su actividad.

¿Es suficiente?

Si atendemos a las quejas de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y a las recomendaciones del Consejo General de Economistas (CGE), parece que aún queda por hacer.

La ATA denuncia, entre otros aspectos, que el 70 % de los autónomos no podrá acogerse a la prestación por cese de actividad, ya que la gran mayoría de ellos han perdido ingresos por encima del 30 %, pero no del 75 % tal y como se estipula en el Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo.

Por su parte, el CGE insiste al Gobierno de que lo más adecuado sería un aplazamiento de impuestos. No solo para aquellas pymes y autónomos con un volumen de facturación menor a 6 millones de euros, sino que para todo tipo de empresas. Y no solo eso. De igual modo, solicitan retrasar los plazos de las autoliquidaciones tributarias y de las declaraciones informativas. En otras palabras, piden que Hacienda cambie los plazos establecidos para presentar los modelos de IRPF e IVA con respecto al primer trimestre de 2020. Aclaran que 22 países de la UE ya han aplicado un aplazamiento en las obligaciones tributarias y que España se está quedando atrás. Francisco J. Tato, decano del Colegio de Economistas, lo explica muy bien aquí.

Conclusión

El paciente, España, tiene muy afectada una de sus partes fundamentales y hay riesgo de que el contagio de la crisis económica se extienda por todo el “cuerpo social”. Los autónomos son la base de la economía y conforman el tejido básico empresarial. Si caen, caemos todos. Por eso, hay que dedicar políticas muy bien diseñadas a este sector, sin olvidarnos de las pymes y grandes empresas. Si no lo hacemos, las consecuencias a medio y largo plazo pueden ser peores que las de anteriores crisis.

Tanto el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como el Ministerio de Hacienda no están haciendo mal trabajo. El camino está bien marcado. Sin embargo, todavía deben ajustar medidas y escuchar más a la sociedad civil.

Sin duda, debe haber crítica y momentos para reflexionar las medidas del Gobierno en estas circunstancias. Pero, ahora más que nunca, es crucial que todas las partes primero escuchen y después hablen. Porque solo de esta manera, y no de otra, España puede pasar de ser un “cuerpo social enfermo” a un “cuerpo social recuperado”.

Francisco Javier de Tena